México: una agenda sin rumbo

Por: Efraín  Quiñonez León

martes, 24 de marzo de 2026

Tiro Libre

Entre la discusión pública y la vida cotidiana de los mexicanos los intereses temáticos pueden ser tan diversos, contratantes y hasta distantes entre uno y otro grupo. No es ninguna novedad que así sea. Siempre ha existido una distancia entre quienes hacen de sus opiniones oficio para comunicar ideas; mientras el común de los mortales escucha, observa y calla. No es que se carezcan de opiniones sino que en la vida hay cosas más urgentes que atender. 

Pero la conversación pública no se limita a lo que se difunde en los medios, no obstante que ello sea muy importante a fin de formarse una opinión más o menos informada de lo que ocurre en la actualidad en distintos ámbitos. De ordinario, las personas están atentas de los imponderables de la vida diaria, como el hecho de pagar las colegiaturas u organizar la comisión de limpieza en la escuela de los hijos, o los incrementos en los costos del servicio urbano o el inquietante panorama que se prevé en la selección mexicana con tantos lesionados.

Es verdad que en estos asuntos hay una situación que circunscribe la escala de los problemas a su dimensión local, pero hay otros cuya relevancia es mucho más general y sus impactos negativos o positivos pueden afectarnos a todos. Los desastres ambientales, por ejemplo, tienen una dimensión hasta global, cosa que terminaremos por pagar todos los habitantes del planeta. El belicismo actual, también, no solamente está afectando a quienes directamente se encuentran involucrados en los conflictos, sino que todos pagamos un costo por ello. Ucrania es un gran productor de cereales a nivel mundial, pero la guerra con los Rusos ha dificultado el abasto provocando alteraciones en los precios. Del mismo modo, el reciente conflicto en Medio Oriente, también ha alterado los precios del petróleo y sus derivados, lo que a su vez sofoca la economía internacional.

Por otra parte, la actual política intervencionista de los Estados Unidos en el hemisferio occidental bajo el pretexto del combate a redes criminales que tienen como negocio el tráfico de drogas, ha sido el pretexto que no solamente violenta todo tipo de tratados internacionales para dirimir conflictos sino que, además, desestabiliza gobiernos a través de la intervención militar directa; como recientemente ocurrió en el caso de las sustracción ilegal del expresidente, Nicolás Maduro, en Venezuela. Y las amenazas de intervención militar se ciernes sobre otros países latinoamericanos, como Colombia, Cuba y México; por lo menos. Bajo esta lógica del combate a las drogas es que se reunieron a principios de este mes en Estados Unidos varios presidentes latinoamericanos con el presidente Donald Trump. Dicha alianza fue bautizada como “Escudo de las Américas” y mediante un acuerdo de colaboración militar se ratifica el compromiso de “cooperar” con el propósito de someter y destruir las redes criminales  del narcotráfico que operan en la región.

A nivel doméstico la agenda ha estada saturada de escándalos ligados a personajes prominentes del actual régimen; lo cual impide seguir con cierta dosis de certeza el que algunos de estos temas se haya resuelto plenamente; más bien estamos en una situación en la que pasamos de un escándalo a otro, como si se tratara de una película de terror que nos mantiene al filo de la butaca sin que se resuelvan satisfactoriamente los problemas que se han hecho públicos a través de los medios.

Sin pretender ser puntualmente sistemáticos, hemos pasado en el “corto tiempo” de los escándalos de la Barredora, el contrabando de combustible (los “extraños” e inverosímiles asesinatos y/o ejecuciones de marinos), las extravagancias de los políticos de nuevo y viejo cuño, aquellos que prometieron ser diferentes; hasta la elección de integrantes del nuevo poder judicial, los problemas en obras emblemáticas (Tren Maya, Dos Bocas; etc), los éxitos relativos en torno al combate a la delincuencia organizada, la captura y extradición de los capos del narco en México, hasta la terrorífica y peliculezca ejecución de “El Mencho”; así como la insistente propuesta de “ayuda militar” del presidente norteamericano, Donald Trump, con el fin de abatir a los criminales que tienen como negocio el tráfico de drogas y que, según él, son los que realmente gobiernan en México, pero la presidencia tiene temor de combatir con las armas.

El Tratado de Libre Comercio es otro de los frentes que puede derivar en conflicto, más allá de las complejidades propias de una acuerdo comercial de esta naturaleza. Como se sabe, el gobierno de Estados Unidos quiere imponerse y protegerse frente a la competencia China, que hoy en día resulta la principal proveedora de bienes y servicios en la economía global. Corre en paralelo, pero en el mismo sentido, la proclama mejor conocida como la “doctrina Donroe”, donde se fijan los principios rectores de la política exterior de los Estados Unidos, poniendo énfasis en sus intereses geoeconómicos, particularmente en el hemisferio occidental, cosa que reactualiza la visión imperial de un nuevo reparto del mundo en que compiten las actuales potencias. En la práctica, esto no solamente vulnera los arreglos normativos e institucionales que favorecieron ciertos equilibrios políticos a nivel global sino que, peor todavía, descalifica a los organismos internacionales en tanto que intermediarios a fin de garantizar la paz mundial.

No obstante, ni los aciertos del presente gobierno poseen tal relevancia como los escándalos por presuntos actos de corrupción. En ese sentido, el impulso a la digitalización de cierto tipo de trámites no solamente evita el intermediarismo sino que, mejor aún, puede eventualmente albergar un sistema con mayor eficiencia y, al menos hipotéticamente, disminuir los índices de corrupción; aunque esto no depende solamente de lo que haga el gobierno, puesto que se trata de una relación en la que intervienen más actores con distintos intereses. Además, para que estos cambios lleguen a los planos locales donde a menudo se padecen o se practican sin rubor estas medidas, hace falta mucho más que cambios legislativos que permitan corregir estas irregularidades.

Por otro lado, hay que celebrar que en este gobierno al menos se ensaya otro tipo de estrategia con el fin de abatir los índices de violencia y aunque existen logros en la materia, estos palidecen frente a lo imparable e impactante que ha sido la detención de agentes provocadores de violencia y sus consecuencias. La captura de líderes de las organizaciones criminales que operan en el país ha sido motivada infortunadamente por las presiones del presidente Trump, pero es precisamente esta situación la que ahora exhibe con mayor crudeza que los generadores de violencia convergen en intereses con quienes les brinda protección política. El gran reto ahora será la instauración de los maxiprocesos judiciales que erradiquen la protección política; lo que implica la desarticulación de las redes de protección incrustadas en el gobierno y establecer los juicios penales que haya menester a fin de deslindar responsabilidades que, también, supone someter a investigación y a su eventual captura de aquellos políticos que se encuentran bajo protección de fuero constitucional o de las propias redes de poder en las que participan.

En el mismo tenor respecto de las ilegalidades que a diario se comenten y que exigen la vigencia de instituciones de justicia medianamente sólidas, se enmarca el desastre de la reforma al poder judicial. Es verdad que trata de una de las instituciones que no había sido reformada al menos desde finales de los 90 del siglo pasado y que, además, operaba genuinamente como un poder autónomo sino apegado a los intereses económicos y políticos del régimen. Se sumaba a esta situación de por sí ya inadmisible, el asunto de los excesos cometidos por los ministros de la ex-Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pese a las experiencias internacionales que iban en contrario a la propuesta de la elección de jueces y magistrados, el nuevo régimen instaurado en 2018 decidió imponer como medida someterlos al veredicto popular. El ensayo fue un auténtico desastre por la sencilla razón de que resultaba un método excedido de requerimientos que, al final, solamente pudo transitar a través de los llamados “acordeones” con el fin de facilitar la elección. Con todo, la participación fue exageradamente baja y no alcanzó siquiera el 10% del padrón. No obstante la mala experiencia previa, se insiste en volver sobre el mismo error u horror, o ambas cosas.

Otro acierto es la reforma laboral que reduce la jornada de trabajo, pero escasamente tuvo buena prensa en la medida en que otros temas inmediatamente ocuparon mayor relevancia. No obstante, es verdad que el impacto de la reforma es más bien modesto, si tomamos en cuenta que más del 50% de la fuerza laboral en el país opera en la economía informal, es decir, en modo alguno tendrá algún efecto sobre el grueso de la clases trabajadoras del país. Más aún, está por verse quienes pagarán los costos de semejante reducción en la jornada laboral. Si tomamos en cuenta que son las pequeñas y medianas empresas las que mayormente contratan personal laboral, es obvio suponer que serán este tipo de empleadores quienes reciban o absorban el impacto económico que los cambios legislativos en la materia suponen. ¿Podría esto tener algún impacto en el empleo? Ya lo veremos más adelante.

Se añade a este brevísimo catálogo la actual discusión y división al interior de los grupos políticos aliados del régimen, el tema de la reforma electoral. Como muchos analistas lo han comentado, resulta una herencia del gobierno anterior para la actual presidenta de la república. Sin embargo, cabe al menos la interrogante si acaso era indispensable hacer semejantes movimientos. El argumento central para proceder a la reforma es que tiene un costo muy elevado, lo cual es correcto. En efecto, si tomamos en cuenta lo invertido en las elecciones de 2024 cuyo monto fue del orden de los 60 mil millones de pesos y lo cotejamos con la lista nominal (es decir, con el número total de ciudadanos mexicanos que pueden ejercer su derecho al sufragio), nos arroja el resultado los costos per capita del voto y es del orden de los 610 pesos. Visto así, no tenemos manera de identificar si eso es mucho o es poco, pero al menos en América Latina los costos por sufragio no llegan a semejante cifra; salvo en el caso de Costa Rica en que se invierte poco más de 500 pesos por voto. No es una cosa menor todo lo que se lleva del presupuesto público la organización de las elecciones y el financiamiento a los partidos políticos que, por cierto, no evita el ingreso ilegal de recursos con el fin de apoyar candidaturas con el propósito de obtener beneficios; pero nada más con el tema de las pensiones tenemos un gasto todavía más alto que el de la organización electoral. Por cierto, la misma presidencia de la república ha reconocido los excesos en este asunto, ya que se pagan pensiones de alrededor de un millón de pesos mensuales, sobre todo en las empresas paraestatales, como en el caso de PEMEX y CFE, producto de los pactos entre las organizaciones sindicales y los gobiernos de la república en las épocas del régimen autoritario. (Afortunadamente ya se tomaron medidas al respecto y se aprobó en el Congreso un límite a las pensiones de los altos funcionarios). Siendo el asunto de las pensiones un problema latente, lo dado a conocer por el gobierno de la república no solamente resulta perturbador, sino hasta increíble que a estas alturas la situación sea exactamente de ese modo. Es verdad que en el ámbito de lo extraño podemos conquistar la medalla de oro a nivel internacional, pero en todo debe existir un límite y aquí resulta más que evidente que nos topamos con una torpeza escandalosa por la incapacidades de quienes nutren de información a la presidencia ¿Será de nueva cuenta que en el gobierno no tienen idea de qué es lo que ocurre con esas cifras estratosféricas o lo hacen a propósito para hacer quedar mal a la presidenta, o ambas cosas? De manera que, aún cuando es cierto que las elecciones nos salen caras, si lo comparamos con lo que se invierte en las pensiones o en salvar a PEMEX, por ejemplo, es relativo que sea exagerada la inversión en las elecciones. Dicho de otro modo, puede no ser un recurso mal invertido si contamos con una institución como el INE que garantiza certeza y un servicio profesional en la organización y resguardo del sufragio. Desde luego, el INE está lejos de ser una institución perfecta y los actores políticos han contribuido a su descrédito, del mismo modo en que participan en el descenso de su calidad al contaminar la selección de los consejeros, monopolizando las decisiones en un reducido grupo de partidos y políticos.

En ese entorno, la presidencia de la república envía una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que era demasiado buena para ser real. De nuevo, el discurso era “el elevado costo de las elecciones”, cosa que es indispensable disminuir; pero estas ideas que podrían ser interesantes se nos revelan como auténticos dogmas de fe si no se acompañan con los diagnósticos adecuados para hacer un balance serio de los pros y contras. Además, salvo que fuese por una suerte de concesión al expresidente López Obrador, quien intentó llevar a cabo una reforma electoral que detuvo la Suprema Corte al declararla inconstitucional, no parece que la actual administración tuviese el imperativo de llevarla a cabo; menos aún cuando ya prácticamente tienen el control de todos los poderes de la república, no resultaba una medida inexorable, puesto que no había necesidad y podía esperarse un mejor momento.

Las más reciente propuesta, conocida como Plan B, sigue el mismo libreto y doctrina en función de abaratar (¿o desbaratar?) los procesos electorales, pero básicamente pretende hacerlo transfiriendo la responsabilidad a las entidades federativas y los municipios, a través de la disminución de los representantes populares en los congresos y cabildos. Como se ha difundido, esta medida evidenció la más completa ignorancia en torno al diseño y la operación de los gobiernos subnacionales en el país. Se estableció un tope de hasta 15 regidores, cosa que afectaría sobre todo a los ayuntamientos que se asientan en los municipios más urbanizados del país que resultan una minoría frente a los más de 2500 existentes a todo lo largo y ancho de la república; de tal manera que el resto podía optar por incrementar el número de sus regidores. Bajo esta lógica resulta peor el remedio que la enfermedad, puesto que se incrementaría el número de regidores por ayuntamiento, aumentando con ello el presupuesto destinado al pago de los representantes populares. Entonces, no existiría ahorro ninguno sino su contrario.

Pese a lo que muchos analistas ven en términos del mercenarismo del Partido Verde y el PT que, en efecto, han dado muestras inobjetables de su gran capacidad de venderse al mejor postor, ninguna organización política de las formalmente existentes parece estar integrada por arcángeles de la vida buena. Hoy día parece que la presidenta pretende remover semejantes rémoras “obligándolos” a pactar bajo sus condiciones, o bien aceptando su inexorable desaparición del presupuesto. El problema es que han sido funcionales al régimen y fue Morena quien les dio la categoría de aliados. Del mismo modo, por lo menos ahora resultan indispensables para alcanzar la mayoría calificada en el Congreso; pero de nueva cuenta, cabe la siguiente interrogante: ¿era necesario semejante desplante de poder y tratar a sus aliados de manera poco diplomática? Si está en juego su propia sobrevivencia ¿cómo pedirles que acepten su inanición presupuestaria?

Para completar un cuadro de por sí poco alentador, pero que configura el desastre de la reforma se relaciona con la paridad. No se puede exonerar a la presidenta de semejante aberración, pero si sus asesores no fueran tan ineptos podrían haberse dado cuenta sobre la trascendencia del tema de la equidad en la representación política. La lucha de las mujeres y aliados por establecer bases normativas que apunten a una mejor distribución de cargos públicos basados en principios de igualdad de género viene de tiempo atrás, pero con las reformas legales que se establecieron en 2014 el país ha visto cambios muy relevantes en la materia; de modo que es por esas razones que ahora tanto en el Congreso federal, como en los estatales, existe un mejor equilibrio en la representación política. Sin embargo, hay todavía una gran deuda a nivel municipal, pero incluso ahí se vienen presentando cambios y no habrá democracia viable sin equidad, al menos por un tiempo. El tema de fondo es de capacidades y las mujeres que accedan al ejercicio del poder deben de ser juzgadas a partir de sus aciertos y errores, no por los estigmas asociados a sus condiciones de género. Bueno, pues estos temas han sido ignorados en la presente reforma.

Un elemento adicional es el de la revocación del mandado, otra cantaleta absurda que solamente se corresponde con nuestros incontenibles deseos o preferencias por las excentricidades. En ningún otro país del mundo el gobierno toma con fe y singular alegría el portaestandarte de la revocación como aquí; cuando en honor a la verdad se trata de un derecho que tienen los ciudadanos dado el caso de haber perdido la confianza en su gobierno. Por lo tanto, somos el conjunto de los mexicanos los que debemos en todo caso promover semejante atribución y, hasta dónde se puede ver, eso no está ocurriendo. Es más, una situación de esta naturaleza va en contra sentido de los altos índices de popularidad de la propia presidenta con cerca del 70% de aprobación o más. De tal manera que la medida resulta una tremenda locura, salvo que se quiera instaurar de nuevo un régimen autoritario a la cubana donde no haya más opción que un partido. La improvisación, la simplificación y la angelical oferta de que solamente una expresión política es capaz de representar a los mexicanos no es la mejor manera de mejorar nuestra convivencia más ordinaria, muchísimo menos el método más adecuado para dirimir nuestras inevitables diferencias. Lo que sí resulta impostergable es abrir los espacios de deliberación y convocar a un acuerdo nacional con todos los sectores que deseen participar en la mejora de nuestro sistema democrático. Apertura o cerrazón, he ahí el dilema. Lo que estamos viendo a nivel global es que la primera opción se abre paso en todas latitudes, no por una concesión graciosa de los gobiernos y regímenes políticos en turno, sino por los agravios acumulados y los reclamos de la ciudadanía que decide tomar el camino de la protesta.